La petición de donativos por la monarquía hispana inició en el sigloxvi, cuando se requirieron de manera excepcional con el fin de extraer recursos adicionales de los súbditos para financiar los conflictos bélicos. En la siguiente centuria, en la que se vivió un estado de guerra casi permanente, los donativos se transformaron en uno de los principales recursos para sufragar los gastos de campaña. Entonces se desarrolló una literatura doctrinal y jurídica con el propósito de justificar su carácter obligatorio.1 Como mostró José Ignacio Fortea, los presupuestos teóricos de la época concibieron los donativos como una demanda moral y justa, que se daba en el marco de “una relación ‘antidoral’, remuneratoria, basada en el mutuo intercambio de actos de amor”. Se trataba de una obligación debida al rey porque era la “voluntad de Dios”, lo que convenía a la “utilidad pública” porque derivaba de la necesidad extrema y la prueba de amor y fidelidad que los vasallos debían al monarca.2 Con el ascenso de los Borbones los donativos se mantuvieron como un importante recurso de la fiscalidad imperial porque proporcionaban liquidez de manera más o menos inmediata. Dichos servicios se concentraron en los primeros años, a causa de la intensidad que adquirió la guerra de Sucesión, y en las últimas décadas debido a las conflagraciones imperiales en las que se vio envuelta la corona. A partir del planteamiento de Kuethe sobre la intención de los Borbones de no demandar recursos extraordinarios al Consulado de cargadores de Indias, Rafael Sánchez dedujo que hubo “una cierta política” tendente a evitar los donativos por los servicios compensatorios que generaban y porque incrementaba la capacidad de acción política de dicho cuerpo,3 sin embargo, como vimos en la introducción, se trató de una decisión coyuntural determinada por la decisión de introducir el Reglamento de comercio libre de 1778.
En Nueva España, desde el inicio del sigloxviii, el Consulado de México realizó servicios para contribuir al sostenimiento de la guerra de Sucesión de Felipe V, lo que le permitió negociar el encabezamiento de la renta de alcabalas en términos favorables e influir en el virrey para que no aplicara la normatividad que restringía el tráfico en el Pacífico hispanoamericano.4 En el transcurso de la centuria borbónica, el cuerpo mercantil continuó otorgando a la monarquía cuantiosos donativos, principalmente para contribuir al sostenimiento de los conflictos bélicos que enfrentó contra Gran Bretaña, en compensación de los cuales consiguió importantes privilegios de carácter fiscal y comercial.5 En este primer capítulo analizaremos el periodo que se extiende de 1776-1777 al fin de la guerra anglo-española de 1779-1783. En los primeros años, la corona solicitó donativos a los principales cuerpos de Nueva España para fortalecer las fuerzas navales del imperio y, poco después del inicio del conflicto bélico, pidió dádivas a los tribunales del Consulado y Minería para financiar a los príncipes de Asturias, y un donativo universal a los súbditos de lasIndias Occidentales. Existe un vacío historiográfico en relación con el estudio de estos servicios financieros, con excepción del donativo demandado por el monarca en 1780-1781.6 Por lo que se refiere a los donativos para la construcción de navíos de guerra, se muestra cómo la denuncia de la existencia un fondo millonario en el Consulado permitió a las autoridades conseguir un enorme donativo; mientras que en el caso de los mineros la petición de dicho servicio posibilitó al ministro de Indias erigir el cuerpo formal de minería. Asimismo, veremos las contraprestaciones que obtuvieron ambas corporaciones a cambio de los considerables donativos que otorgaron durante la guerra. Y sobre el donativo de 1781 se da a conocer la forma en que las principales corporaciones de la ciudad de México lo recaudaron y la estrategia que permitió al Tribunal mercantil recaudar las mayores contribuciones de sus miembros y el resto del comercio de la capital, aspectos que no han sido examinados.
Durante 1761-1763, la monarquía hispana se involucró en una guerra que originalmente era entre Gran Bretaña y Francia, lo que marcó un cambio de rumbo en la política comercial y fiscal del imperio en Hispanoamérica. La principal preocupación consistió en garantizar la seguridad de las fronteras más remotas y vulnerables de un espacio inmenso del que apenas se tenía un conocimiento cartográfico y científico precisos. La amenaza de una embe
