Silvia Dutrénit Bielous
Octavio Nadal Améndola
Una sumatoria de demandas en América Latina emerge por la presencia de violencias extremas en el marco de los autoritarismos, las dictaduras y los conflictos armados del último cuarto del sigloxx, momentos de recrudecimiento de las prácticas de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias, a las que se agregó el robo y cambio de identidad de menores, así como el exilio. La escala y alcance de esos fenómenos desbordaron los moldes de comprensión apegados a cierta racionalidad histórica imaginada por los Estados nacionales como entes articuladores de comunidades y generadores de ciudadanía (Lomnitz, 2010, p. 340). No obstante que la violencia con su saldo de víctimas se impuso de manera dominante en aquellos contextos primigenios, hoy se reproduce a través de una diversificación de actores. México es ejemplo de ese presente cruento y variado. Colombia, por un lado, y Perú por otro, son escenarios que exhiben también violencias imputables a los Estados, pero también a organizaciones guerrilleras. Sus diversos efectos alcanzan hasta el presente.
En un sentido general, es frecuente que las escenas de la muerte en distintos espacios, como lo son las fosas individuales y colectivas, los centros clandestinos de detención y otras expresiones de la represión, despierten relatos de sobrevivientes. Para pensar estos hechos también se centra actualmente la atención en la materialidad de los cuerpos y los vestigios, huellas, que un pasado presente deja en las geografías políticas y sociales, en las memorias de las primeras generaciones. El tiempo transcurrido permite entonces avanzar sobre aquellas memorias que a su vez se reproducen de generación en generación. Ello puede observarse en las representaciones del Holocausto (Hirsch, 2015), en los casos de hijos de desaparecidos (Garzón, 2015) o en otras tantas situaciones traumáticas como los exilios (Dutrénit, 2015). En Europa y en América Latina, por mencionar lo referido en este libro, la violencia de masa ha sido ejercida durante la primera y segunda mitad del sigloxx respectivamente. Las ejecuciones sumarias, los campos de concentración, en fin, crímenes que configuraron tragedias humanitarias conceptualizadas como genocidio, dieron significado a contextos de avasallamiento de los derechos humanos. Contextos que al decir de Mbembe (2011) en su teoría sobre lanecropolítica, exhiben al poder soberano como el “poder de dar vida o muerte”. Para Europa se centró nítidamente en la experiencia del Holocausto. Para el Cono Sur ese poder, como propone Feierstein (2017, p. 57), que se ejerce sobre la vida y la muerte se dio con la experiencia genocida que trascendió a las víctimas directas siendo su objetivo alcanzar al conjunto societal para eliminar cierto tipo de relaciones sociales y fundar otras dirigidas a supuestos procesos de “reorganización nacional”.
Encuadrado en estas tramas de terrorismos pasados y presentes, que perduran aún tanto en países latinoamericanos como europeos –España en particular– es preciso integrar el abordaje de los acontecimientos estudiados, desde una perspectiva científica e interdisciplinaria, a la discusión y análisis de la violencia política no solamente como un método del poder, sino como un hecho cultural que asume diversas modalidades y peculiaridades.
Desde esta óptica “lo forense” comienza entonces a percibirse como un recurso indispensable para desentrañar la opacidad de circunstancias criminales y develar sistemáticas y distintas negaciones sobre el posconflicto, menoscabo, y segregación de ciudadanos (Rico, 2008, p. 38) y aniquilación de miles de víctimas a manos de los Estados que, por la comisión de esos actos, han merecido el calificativo de “terroristas”. En contextos de posconflicto comienzan a trabajar grupos forenses integrados por profesionales de diversas especialidades y disciplinas, en la búsqueda de detenidos desaparecidos, en la identificación de los cuerpos, a la vez que en el acompañamiento y protección de las víctimas sobrevivientes y sus familiares. La mayoría de las víctimas, desaparecidas o ejecutadas extrajudicialmente corresponden a procedimientos de exterminio de opositores políticos durante las guerras civiles, los conflictos armados, como también en los de regímenes autoritarios o dictatoriales. Estos métodos de exterminio no siempre encubiertos produjeron muertes en masa que implicaron modalidades especiales de ocultamiento de los cuerpos. A pesar de lo señalado, no todas las víctimas tenían necesariamente el perfil de activistas contra un régimen; podían ser caracterizados como potenciales enemigos tanto los integrantes de asociaciones gremiales, sindicatos, organizaciones estudiantiles, grupos de intelectuales como sus familiares y amistades cercanas. Pero el trabajo forense no sólo está acotado a las circunstancias de posconflicto, sino que, en el sentido planteado por Calveiro (2012), puede revelar también modalidades de la violencia de Estado dirigido contra grupos de excluidos y disidentes. Se debe poner énfasis en un escenario presente, como el contexto mexicano, en el que los forenses desarrollan su labor en simultáneo a la permanente desaparición de personas. Es decir, a las catástrofes mexicanas aún humeantes del pasado se suma la exigencia concreta de hacer aparecer a los desaparecidos en virtud de que continúa la práctica de la desaparición (Irazuzta, 2017, p. 144). Sin duda la localización e identificación ha permitido recuperar numerosos cuerpos, víctimas del presente político, que exhiben el resultado trágico de las estrategias de distintos grupos del crimen organizado, que actúan también como agentes de la diseminación del terror.
Sin duda que
