Presentación

La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU, 2023), ‘ley marco’ de la universidad española aprobada hace escasos meses, expone en el Preámbulo:

Las universidades son, hoy más que nunca, no sólo depositarias del conocimiento, sino productoras de dicho conocimiento. Docencia, investigación y capacidad de compartir y transferir ese conocimiento constituyen funciones centrales de su actividad. En efecto, la Universidad del siglo XXI no puede replegarse en una torre de marfil, sino que tiene que continuar la labor emprendida y seguir profundizando en su inserción, significación y capacidad de servicio con relación al tejido social, cultural y económico.

Sin duda, esta institución milenaria ha evolucionado en las últimas décadas respondiendo a “(…) los desajustes entre el sistema universitario y las necesidades de la sociedad” (LOSU, 2023). Entre los diferentes retos a los que se enfrenta destacamos la formación a lo largo de la vida, ya que debe diseñar la formación y la oferta de titulaciones atendiendo a las necesidades de conocimiento que en cada etapa vital cada persona pueda requerir. Situación que está marcada por la volatilidad de esos conocimientos y la incertidumbre de lo que se requerirá en un futuro más o menos lejano, por lo que se debe garantizar “(…) oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”, tal como se especifica en el 4º Objetivo de Desarrollo Sostenible. En este contexto se añade otro indicador con connotaciones pedagógicas sumamente interesantes: el reconocimiento del aprendizaje a lo ancho de la vida, es decir, todo aquello que aprendemos en todos los espacios de interacción humana. Ambos indicadores están revolucionando el qué debemos aprender, cuándo, cómo, dónde…, ampliando de esta forma las posibilidades de formación en toda etapa vital y en cualquier espacio de cada persona. Pero responder a estos interrogantes reclama, necesariamente, saber plantear y responder a las cuestiones del por qué y para qué, aunque estas respuestas nunca podrán ser cerradas, ni definitivas.

Es en este contexto en el que cobra sentido que en la LOSU (2023) se incluya como formación académica del estudiantado el derecho a la participación en actividades de aprendizaje-servicio (ApS), entre otras propuestas, junto con su reconocimiento académico (art. 33), algo que también aparecía en el Estatuto del Estudiante (2010). Inclusión no casual en una norma jurídica, sino que es fruto de un largo recorrido en el que profesores universitarios, desde diferentes lugares y experiencias, reconocieron en esta metodología su capacidad de promover la participación del alumnado uniendo teoría y práctica en contextos reales, relacionados con la asignatura impartida. Propuesta que estaba ya implementada, y con buenos resultados, tanto en Estados Unidos, como en América Latina y, en menor medida, en Europa. Los resultados de los proyectos de ApS evidenciaron cómo se ponían en práctica diferentes competencias específicas y transversales de la titulación implicada. Era un medio excelente para generar aprendizajes situados de diferentes competencias específicas de la profesión para la que se forman al afrontar una situación o un problema en un contexto real y con la colaboración de los actores implicados. Sin duda, un buen modo de prepararse tanto para su actividad profesional como para evidenciar la necesaria participación en la sociedad para alcanzar las metas propuestas.

Ahora bien, a la vez que se evidenciaba mejores resultados de aprendizaje en cuanto a conocimientos y competencias específicas de la titulación implicada, se mostró la fuerza formativa en competencias transversales. Lassoft skills a partir de las cuales obtenemos las herramientas necesarias para aprender lo que se requiere en cada situación, pero, especialmente, para afrontar las demandas y retos de nuestras sociedades: defensa de los derechos humanos, poner en valor el trabajo en equipo, la resolución de problemas y/o conflictos, la necesaria participación en los diferentes espacios de la sociedad de tal modo que propicie mentalidades abiertas no centradas solo en un aprendizaje disciplinar. A la vez que abordar los retos éticos que se están planteando desde una perspectiva interdisciplinar, desarrollando, de esta forma, “(…) un sentido de responsabilidad social y cívica, así como un mayor entendimiento de la diversidad cultural y la complejidad de los desafíos que enfrenta la sociedad” (Escofet, 2023, s.p.), a partir de las cuales adquieren una mayor conciencia de su responsabilidad moral hacia los demás, de su cuidado, de la necesaria implicación para alcanzar una mayor equidad social. En suma, favorecer espacios y metodologías que promuevan la corresponsabilidad de cada estudiante de su propio proceso de aprendizaje y del desarrollo social, económico… del territorio en el que vive.

Por otro lado, el ApS se desarrolla en estos momentos desde propuestas de innovación docente. Ahora bien, debemos recordar que, tal como se está indicando, no debemos quedarnos en proyectos docentes que bien pueden ser denominados de ‘invención docente’, al implementarse únicamente durante un curso académico. Sabemos que lo efímero no llega a calar en el tejido educativo y en el social. Ahora más que nunca debemos pasar de la ‘invención’ –que hay mucha– a la innovación, y ello requiere investigación y reflexión sobre nuestra práctica docente. Es decir, aportar y construir un corpus de conocimiento capaz de elaborar un contenido propio, justificando su necesidad y pertinencia, así como el impacto en nuestro estudiantado, a la vez que atender la dimensión social, cultural, económica, etc., a nivel meso y macro. Capacidad de visibilizar, difundir los avances, los